El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, obtuvo otra contundente victoria en el Congreso de su país, que ha dado vía libre para introducir cambios exprés a los artículos de la Constitución. La Asamblea Legislativa ratificó este miércoles, con 57 de los 60 votos posibles, la reforma constitucional aprobada el 28 de abril del pasado año, un día antes de que se disolviera con motivo de las elecciones. Concretamente, ha quedado definitivamente aprobada la modificación del artículo 248 de la Carta Magna, lo que posibilitará realizar reformas a la máxima ley del país centroamericano en una sola legislatura, siempre y cuando se cuente con los votos de las tres cuartas partes de la Asamblea (45 de los 60 posibles).
Ello supone un drástico cambio del funcionamiento parlamentario que establecía la Constitución vigente desde 1983, debido a que el citado artículo señalaba que solo se podía cambiar el texto de la Constitución en dos legislaturas. Así, en una primera votación, se necesitaba la mitad más uno de los diputados y, posteriormente, debía ser ratificada por la siguiente legislatura con dos tercios de los votos.
De esta manera, se garantizaba que la ciudadanía, al votar a los nuevos legisladores cada tres años, pudiera dar su respaldo o no a los partidos que hubieran apostado por la reforma de la Constitución, algo que ya no será posible. Por tanto, a partir de ahora, Nuevas Ideas, el partido creado por Bukele y que cuenta con 54 de los 60 escaños en la Asamblea Legislativa, podrá ejercer el rodillo parlamentario aprobando reformas sin apenas oposición, que únicamente cuenta con tres diputados.
Así, a partir de que la medida entre en vigor ocho días después de que se publique en el Diario Oficial, las reformas constitucionales ya no necesitarán dos periodos legislativos, sino que podrán ser aprobadas en una legislatura y ratificadas "por la misma Asamblea Legislativa con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos". Una vez ratificada, "se emitirá el decreto correspondiente el cual se mandará al diario oficial", tal como establece la reforma aprobada.
No obstante, en el artículo 248 no se ha eliminado la disposición que prohíbe reformar "los artículos de esta Constitución que se refieren a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República".
Por tanto, se cerraría la puerta a la modificación exprés de los seis artículos de la Carta Magna que impiden la reelección presidencial, entre ellos el 154, que fija la duración del periodo del mandatario en cinco años "sin que la persona que haya ejercido la Presidencia pueda continuar en sus funciones ni un día más".
Ello no impidió, sin embargo, que Bukele fuera reelegido en las elecciones celebradas el 4 de febrero de 2024 iniciando un segundo mandato el 1 de junio de ese año. Para ello, la Asamblea Legislativa aprobó otorgarle un permiso de seis meses que entró en vigor el 1 de diciembre de 2023. El mandatario se amparó en la histórica resolución de la Sala de lo Constitucional emitida el 3 de septiembre de 2021, que dio luz verde para que "una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el periodo inmediato anterior participe en la contienda electoral para una segunda ocasión".
Financiación pública a los partidos
Por su parte, Bukele se ha felicitado en sus redes sociales por esta reforma constitucional que, según ha defendido, persigue que no haya más financiamiento de partidos políticos "con el dinero del pueblo". Así, ha recalcado que "prometimos eliminar la deuda pública", teniendo en cuenta que "la gente nos reclamó que aún no habíamos cumplido la promesa". En este sentido, ha reconocido que "nos tardamos un poco, pero escuchamos al pueblo y este día estamos cumpliendo".
En esa línea, uno de los objetivos del presidente es que, una vez entre en vigor la reforma constitucional, se derogue la financiación pública a las formaciones políticas contemplada en el artículo 210 de la Carta Magna, que establece que "el Estado reconoce la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia".
El jefe de la bancada oficialista de Nuevas Ideas, Christian Guevara, recalcó que se podrá "eliminar de forma permanente la deuda política, tal como solicitan los salvadoreños y ésta es nuestra responsabilidad histórica de este día".
Por su parte, la diputada opositora del partido Vamos Cesia Rivas censuró que "con esta excusa de la deuda política, hoy quieren meterle mano a la Constitución", con el fin, según denunció, de "centralizar más poder". Mientras, el director de Acción Ciudadana, Eduardo Escobar, avisó que, a partir de ahora, se podrá modificar cualquier aspecto de la Constitución, incluidos "el sistema electoral, la institucionalidad, los derechos fundamentales y la propiedad privada".
La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Ana Piquer, ya advirtió cuando se aprobó en 2024 modificar el artículo 248 del "impacto negativo que podría haber sobre el respeto de los derechos humanos a futuro y la limitación de las oportunidades para que las personas participen en asuntos públicos".
Precisamente, en la misma sesión plenaria de este miércoles, el Congreso volvió a aprobar con los votos de Nuevas Ideas y los tres de sus aliados, la trigésimo quinta prórroga del régimen de excepción, que desde el 27 de marzo de 2022 suspende derechos fundamentales y que ha permitido detener a 84.200 personas acusadas de pertenecer o colaborar con las pandillas.
A pesar de que en una entrevista a la revista Time Bukele abrió por primera vez la posibilidad de quitar "a corto plazo" el régimen de excepción, la Asamblea Legislativa sigue prorrogando esta medida mensualmente. Organizaciones de El Salvador, como Socorro Jurídico Humanitario, han denunciado detenciones arbitrarias, torturas y la muerte de 366 personas bajo custodia del Estado, de las cuales "el 94 por ciento no tenía perfil de pandillas".
El propio mandatario ha reconocido que han liberado a 8.000 personas inocentes que fueron detenidas en el marco del régimen de excepción, aunque no hay visos a corto plazo de que ponga fin a la principal medida de su particular 'guerra contra las pandillas".
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