La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mantendrá la suspensión de la primera parte del plan B electoral –incluye sólo las reformas a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas–, que tiene efectos únicamente para el estado de México y Coahuila.
Por mayoría de tres votos contra dos, la segunda sala rechazó el proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, quien proponía levantar esta medida cautelar.
Legisladores y partidos de oposición promovieron sendas acciones de inconstitucionalidad contra dichas modificaciones, y el pasado 20 de febrero el ministro Alberto Pérez Dayán decidió admitirlas a trámite y otorgar la suspensión parcial, que ahora fue ratificada.
La medida cautelar tiene efectos únicamente en el estado de México y Coahuila, donde hay procesos electorales en curso, por lo cual aplicar las normas impugnadas significaría cambiar las reglas cuando ya empezó la competencia.
Ha lugar a conceder la medida cautelar solicitada, para el efecto de que el decreto combatido no rija en los procesos electorales que se encuentran en desarrollo, esto es, los correspondientes al estado de México y Coahuila, pues de no concederse podrían causarse afectaciones irreparables al sistema democrático y a los derechos fundamentales implicados en éste, expuso el ministro Pérez Dayán al otorgar la medida cautelar.
Añadió que el decreto que modificó las dos leyes impugnadas fue publicado dentro de los 90 días de la veda electoral, lo que añade razones para no aplicarlo en las dos entidades con procesos en marcha.
En favor de levantar la suspensión votaron Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa; en contra lo hicieron Javier Laynez Potisek, Luis María Aguilar Morales y Alberto Pérez Dayán. Al ser rechazado el proyecto, el asunto fue returnado a Laynez Potisek, quien deberá hacer otro, en el sentido de mantenerla.